Eso se fue al garete por razones que no vienen al caso y aquí estamos, en el Españistán postladrillero.
Rodeados de edificios semivacíos pero empapelados con certificados, garantías, seguros decenales, libros del edificio, inscripciones del registro, facturas de tasas y de honorarios. Los últimos, hasta con certificados de eficiencia energética.
Estas tartas tan bien decoradas se guardarán en la nevera registral y pasarán los años. Uno, tres, diez,... y treinta. Si no les pasa nunca nada, llegarán las revisiones y cada diez años el patólogo edificatorio con la titulación-que-prescriba-la-normativa-vigente se dará un paseo por la acera, el portal, la escalera, el sótano, el camarín del ascensor por dentro y los pisos que le dejen visitar y opinará doctamente sobre su estado y los dientes que les falten, hasta que sobrevenga la ruina en el año 3000.
O no.
Porque el Gobierno, en su ansia por reinflar la burbuja ladrillera y salvar el culo de los agentes edificatorios vampíricos en preconcurso de acreedores que quedan, ha creído conveniente extender el deber de conservar más allá de lo que Alonso Martínez pudo imaginar en su más alocada y opiácea reunión de desarrollo del Código Civil.
Nuestro querido Gobierno pretende aprobar una ley que, transformando la ITE en un Informe de Evaluación de Edificios, cuya redacción está prevista por técnicos y por unas inquietantes entidades, obligue a reformar los bloques de edificios existentes para adaptarlos a la legislación vigente en materia de accesibilidad, mediante actuaciones razonables que deberán sufragar los propietarios... y los arrendatarios de los inmuebles.
La Ley, indulgente y magnánima, limita este extraño deber de conservar a que el coste de las obras sea superior a la mitad del coste de reposición (abriendo la puerta al derribo del inmueble) o a que los propietarios no puedan pagar la reforma sin especificar cantidades en este caso, no vaya a ser que llaneando el umbral del portal nos crucemos con el de la pobreza.
Ni qué decir tiene que en la definición de infravivienda entran de canto todos los cascos históricos, los primeros ensanches y los barrios obreros levantados por la Administración por la vía del incumplimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad exigibles a la edificación. Lo que implica, de facto, aplicar retroactivamente el CTE, acto negado en la exposición de motivos, no previsto en el propio CTE y, como todo lo retroactivo que perjudica al ciudadano, repetidamente declarado inconstitucional (pero muy rentable mientras dura la fiesta).
La Ley permite a los ayuntamientos declarar sectores como áreas susceptibles de Regeneración Urbana, para obligar a los propietarios a reformar sus bloques de golpe con la contrata que salga de un concurso público -imparcial, por supuesto- después de redactar a su cargo el instrumento de ordenación y gestión urbanística que en su caso fuese preciso. El precio de la reforma deberá sufragarse por las comunidades de propietarios, aunque el ayuntamiento podrá aumentar la edificabilidad del sector para entregársela a la promotora como pago sin que medie la entrega de plusvalías, con la excusa de que se van a generar muy pocas.
El anteproyecto de ley puede consultarse aquí.
No está de más recordar que el Gobierno de España no puede legislar sobre materia urbanística. Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Puede ser que los chicos de Rajoy tengan ganas de revivir el cabaret urbanístico de 1997 o de provocárselo al que gobierne en 2017, en plan conmemorativo.
Pero lo que clama al cielo es que en un contexto de empobrecimiento generalizado de la población se pretenda obligar a la gente que posee viviendas que en su día fueron de renta limitada, y que ya no tienen deudas con nadie, a meterse en unas obras por las que seguramente deban endeudarse y que sólo interesan a ellos mismos. ¡Claro que les preocupa que su bloque no tenga ascensor! ¡Y que la casa pierda calor por todos los lados y se lo cobre la eléctrica a precio de oro todos los meses! Y si pueden, hacen las obras para arreglarlo. De hecho, muchos ayuntamientos vienen declarando desde hace años Áreas de Rehabilitación Integral, o aprobando Planes Especiales de Reforma Interior para mejorar los edificios con cargo a sus fondos, pero siempre desde un plano opcional y consensuado y teniendo muy en cuenta que no se le puede exigir a los propietarios unas condiciones no de conservación sino de tipología edificatoria salvo en caso de rehabilitación integral o ampliación, y únicamente hasta donde sea posible cumplirlas.
Sin embargo, esta Ley se puede convertir en el instrumento ideal para la declaración de ruina anticipada, el desalojo y el derribo de barrios enteros, con el correspondiente coste social (que a nadie importa), y la sustitución de los inmuebles por otros de igual renta, o si la cosa se ve interesante, por otros de renta superior. Y la gente que se fue, o paga un diferencial, o se queda a vivir en el piso de realojo situado en la cochinchina que le han dado, junto con una medalla por sus cincuenta años de fidelidad al Régimen de Propiedad Horizontal y a su Contribución Urbana.
Y puede que nuestros amigos exiliados vuelvan al calor del solar patrio, a cobrar los jugosos honorarios que se derivarán de estas intervenciones paternalistas y muy justificadas, y que resuciten Martinsa-Fadesa y Reyal Urbis y que Florentino Pérez construya cuatro torres más en Eurovegas, coronando los Juegos Olimpiquísimos de Madrid 2020. Puede incluso que tenga que huir de mi casa para evitar que una derrama gigantuosa me obligue a hipotecarme para vivir de alquiler. Pero cuando el país se harte del todo y liquide las injusticias sociales como Dios le dé a entender, no me dará ninguna pena lo que suceda.
Laruedaalada.
